Fue por decreto y especialistas alertan que habrá menos capacidad estatal, controles más caros y menos profesionales
Buenos Aires-(Nomyc)-El Gobierno oficializó la disolución del “Servicio Argentino de Calibración y Medición” del INTI, un área estratégica que funcionó más de cuarenta años y que llevó al país a posicionarse entre los mejores de Latinoamérica en estándares de medición.
El Boletín Oficial presentó la medida como parte de una “modernización administrativa”, el mismo argumento que el oficialismo usa para justificar desmantelamientos y reformas regresivas, como la laboral, aunque el efecto concreto es otro, ya que con este cierre, el Estado pierde una herramienta técnica central y sus funciones pasan al Organismo Argentino de Acreditación (OAA) y a laboratorios privados y la decisión, debilita la capacidad pública de control en sectores sensibles y marca un retroceso para la ciencia, la industria y la calidad productiva del país.
La reacción fue inmediata en el sistema científico y productivo y Enrique Martínez, expresidente del INTI, advirtió que “la decisión borra al Estado de una prestación única en Latinoamérica” y que “lo que se presenta como eficiencia es, en realidad, un paso atrás para la industria y la ciencia aplicada”.
Su publicación, resume el clima que dominó entre investigadores, técnicos y empresas que dependían de la red de calibración para operar con estándares confiables.
Lo que cambia con el fin del SAC del INTI: hasta ahora, el INTI coordinaba la red de laboratorios, supervisaba protocolos y garantizaba que cada certificado de calibración respondiera a parámetros homogéneos.
Con la eliminación del servicio, esa estructura se desarma y cada laboratorio queda obligado a reorganizarse, acreditarse ante el OAA y asumir costos adicionales en un sistema más fragmentado, ya que lo que la norma describe como “simplificación”, se traduce en menos control directo del Estado sobre mediciones que afectan energía, salud, alimentos, transporte y procesos industriales sensibles.
La salida del INTI del sistema de calibración, implica perder una capacidad estatal que llevó décadas construir ya que durante casi cuarenta años, su coordinación pública sostuvo un “piso común de calidad” que daba tranquilidad a industrias y trabajadores.
Ahora, esa estructura se reemplaza por un esquema más débil, con menos control y mayor dependencia de actores privados, que además, deberán afrontar nuevos costos sin la misma regulación, en un país que necesita reglas claras y mediciones confiables para producir y exportar, este tipo de decisiones no mejora nada, sino que “desarma lo poco que todavía funciona”.
La desregulación avanza sobre áreas estratégicas: la medida, se inscribe en la política de desregulación que achica la intervención estatal, incluso, en ámbitos donde la presencia pública aseguró transparencia y seguridad durante décadas.
El SAC era una pieza fundamental de esa arquitectura y su disolución deja al sector industrial ante un escenario con mayores costos y menos respaldo técnico.
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