Fue anunciado antes de la Navidad de 2024 por el presidente Javier Milei y el titular del nuevo Consejo Nuclear y Nucleoeléctrica Argentina y ya produjo una primera gran noticia
Buenos Aires-(Nomyc)-Según fuentes confiables del sector, una compañía inversora estadounidense, cuyo nombre se mantiene en reserva, adquirió la patente del reactor modular ACR300, diseñado y registrado en los Estados Unidos por la empresa estatal rionegrina Invap, con sede en Bariloche y ambas compañías, formaron una sociedad con minoría de la subsidiaria de Invap constituida a tal efecto en ese país, para el diseño y la futura fabricación de estos reactores exportables de concepción argentina y 300 MWe de capacidad instalada.
El ACR300 pertenece a la familia de Pequeños Reactores Modulares, (SMR por su sigla en inglés), cuya tecnología está transformando la oferta y demanda de energía nuclear en el mundo tras el freno que significó la explosión de Chernobyl.
Estos reactores, son muy requeridos, no solo por su menor tamaño y costo, sino por su capacidad de atender en menos tiempo a las nuevas, crecientes y localizadas demandas de electricidad, como centros de datos para inteligencia artificial (IA) o minería de criptomonedas, dispuestas a pagar tarifas considerablemente más altas que las del servicio público.
A 75 años de la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la construcción con inversión privada de estos reactores modulares es el principal eje del nuevo PNA e incluso, se prevé contar con 4 unidades en 2030 para equipar una cuarta central nuclear argentina (1200 MWe) en Atucha. Así se sumaría a Atucha I (de 362 MWe, que tras 50 años de operación está con un programa para extender 20 años su vida útil).
Embalse, de 665 MWe, inaugurada en 1984, con vida útil extendida en 2015 por otros 30 años y Atucha II, de 745 MWe, que arrancó en 2014 después de que su construcción estuviera paralizada entre 1994 y 2006, que en conjunto, representan 7 por ciento de la matriz energética argentina.
Otros ejes del PNA son la intención de vincular las futuras exportaciones de reactores ACR300 con las de uranio (en cuya minería YPF prevé incursionar a partir de 2030) y la construcción de una “ciudad nuclear” en la Patagonia para atraer la instalación de centros de datos de IA, a lo que se suma la Desactivación del proyecto Carem, un prototipo de SMR (de 32 MWe) iniciado en 1984 por la CNEA, que permitió formar a generaciones de ingenieros nucleares y desarrollar tecnologías propias, aunque sin licenciar en ningún país y que en la actualidad resulta comercialmente inviable, según el presidente del organismo, Germán Guido Lavalle.
Otra cuestión en debate es la producción y exportación de uranio y aunque nuestro país cuenta con recursos cuantificados del orden de 34.000 toneladas y utiliza 200 por año como combustible para las tres centrales nucleares en operación, dejó de producir en 1997 ante la caída de los precios internacionales, que en los últimos años están recuperándose.
Reactores multipropósito: el Invap se encarga en Petten (Países Bajos) del diseño integral del reactor Pallas para asegurar la producción de radioisótopos médicos esenciales utilizados en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades como el cáncer.
También lidera la ingeniería de detalle y aporta su experiencia como proveedor de tecnología nuclear de alta complejidad, tras haber ganado en 2015 una licitación internacional convocada por la Fundación Pallas en competencia con empresas europeas y asiáticas.
Una vez en funcionamiento, el reactor –que reemplazará a otro de los años 60 que está llegando al fin de su vida útil– permitirá atender a más de 30.000 pacientes por día y posicionar a Europa como un proveedor estratégico en el ámbito de la medicina nuclear.
Además de estas perspectivas nucleares, la Argentina dejó definitivamente atrás el contrato anunciado por el entonces presidente Alberto Fernández en 2022 para construir, casi llave en mano, la central nuclear Atucha III (de 1200 MWe) con tecnología y financiación de China, que implicaba un endeudamiento público de US$12.000 millones, según el costo total que en su momento calculó y denunció Alfredo Caro.
La culminación del contrato con China, no se trató de una decisión política. El acuerdo firmado entonces por los titulares de la NASA y la CNNC (Corporación Nuclear Nacional China) quedó desactivado automáticamente porque ese mismo gobierno incumplió las condiciones preliminares que había aceptado al país asiático.
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