La norma sobre protección social de la Discapacidad, recibió la media sanción gracias a negociaciones que permitieron sumar al peronismo a un acuerdo con La Libertad Avanza y bloques dialoguistas
La aprobación, se obtuvo con 237 votos positivos, 9 negativos y cuatro abstenciones, por lo que la iniciativa fue girada al Senado, donde se espera un tratamiento en el corto plazo.
El dictamen de mayoría, denominado “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad“, que el oficialismo acordó con el presidente del bloque de Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad, tomó en cuenta casi todo el esquema de beneficios plasmados en la ley 27.793 sobre Discapacidad pero le quita el carácter de emergencia y transitoriedad, lo que convierte en una norma de orden público, con efectos permanentes, que exceden los gobiernos de turno.
Lo que se mantiene de la Ley de Emergencia es, por ejemplo, la compatibilidad entre el goce de una pensión contributiva por discapacidad, que es el 70 por ciento del haber jubilatorio mínimo, para titulares del CUD y tener un empleo formal o monotributo, siempre y cuando, los ingresos no superen los dos salarios mínimos vitales y móviles.
También, se mantiene el principio de nomenclador único, se ratifica la indexación automática periódica de los aranceles de las prestaciones por el índice de movilidad jubilatoria, atado al IPC, y se garantiza la cobertura básica de protección médica del Plan Federal “Incluir Salud”, para quienes tengan la pensión por discapacidad.
En relación al financiamiento, que es lo que desde el Gobierno Nacional ponían como obstáculo para su promulgación, se establece que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud “no podrá ser inferior en términos reales al ejercicio fiscal del año anterior”.
Por otro lado, se crea un sistema de auditorías periódicas con cruce de datos de ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER bajo el principio del “debido proceso inclusivo” y por último, se incorporó a pedido de aliados, una cláusula transitoria que exige un cronograma para el pago de las compensaciones atrasadas a prestadores, con un plazo máximo de 30 días para la reglamentación del PEN.
Cuestionamientos: en Santa Fe, Mariel Chapero, presidenta de la Asociación Provincial para Personas con Discapacidad (Apridis), celebró los cambios introducidos, aunque advirtió que todavía queda un largo camino para garantizar los derechos de las personas con discapacidad y la continuidad de las prestaciones.
“Hoy es un día de celebración, de celebrar la lucha y de poder reconocer que todo el trabajo incansable que hemos realizado ha dado sus frutos”, expresó.
Según Chapero, el trabajo de las organizaciones permitió introducir modificaciones que resguardan derechos y contemplan las necesidades de quienes brindan servicios de atención, rehabilitación y acompañamiento.
“Gracias a ese trabajo de interpelación hemos logrado introducir varios cambios en ese proyecto de ley que resguardan los derechos de las personas con discapacidad, que contemplan las necesidades de las personas con discapacidad, que resguardan al sector prestacional”, señaló.
La preocupación por el presupuesto y el cumplimiento de las leyes: aunque celebró las modificaciones, Chapero advirtió que “la aprobación parlamentaria no resuelve por sí sola los problemas que atraviesa el sector”.
Entre sus principales preocupaciones mencionó “el presupuesto previsto para 2027 y la posibilidad de que los derechos reconocidos por las normas no se traduzcan en respuestas concretas”.
“Tenemos un largo camino, sabemos que el presupuesto para el año que viene implica un gran ajuste y un gran recorte, sabemos que tenemos leyes que después no se cumplen”, afirmó.
En ese sentido, cuestionó “el incumplimiento de la ley de emergencia en discapacidad y de la ley de financiamiento universitario” ya que para la referente santafesina, el desafío “no termina con la aprobación de una norma, sino que requiere recursos y decisiones políticas que permitan garantizar su aplicación”.
Nomyc-22-10-26
