Luego de los rechazos a los vetos y la ratificación de los proyectos originales el Gobierno suspendió la aplicación hasta que el Congreso asigne fondos específicos en el presupuesto nacional
Buenos Aires-(Nomyc)-El Gobierno promulgó, hoy, la la Ley N° 27.796, que declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud en la República Argentina por un año y Ley N° 27.795, que establece un nuevo régimen de financiamiento para las Universidades Públicas y la recomposición salarial del personal docente y no docente, aunque sin embargo, la aplicación de ambas quedó suspendida hasta que el Congreso de la Nación determine las fuentes de financiamiento e incluya las partidas necesarias en el Presupuesto Nacional, como pasó un mes con la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Esta decisión fue oficializada en la madrugada de este martes, con la publicación de los decretos 759/2025 y 760/2025 en el Boletín Oficial, con lo que el Poder Ejecutivo suspendió la aplicación de las legislaciones, “debido al impacto fiscal que, consideran, traería a las cuentas del Estado”.
La Ley de Emergencia Pediátrica, con el Hospital “Garrahan” como emblema, busca garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad a los servicios de salud pediátrica, asegurar el funcionamiento de hospitales públicos de atención infantil; y fortalecer los sistemas de residencias médicas.
Entre sus puntos principales, establece la asignación prioritaria de recursos para insumos críticos, infraestructura, medicamentos, vacunas y personal esencial, así como la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud que atiende a la población pediátrica. Además, prevé la exención del impuesto a las ganancias para quienes realicen actividades críticas, horas extras y guardias en efectores públicos y privados.
El costo fiscal estimado para la implementación de esta legislación asciende a $196.270.000.000, una cifra que, según el decreto, supera de manera amplia la capacidad presupuestaria actual del Ministerio de Salud, que presenta un déficit de $102.400.000.000 y el Ejecutivo advierte que una reasignación de recursos de esa magnitud equivaldría al 30 por ciento del total de subsidios para medicamentos y tecnología sanitaria y al 60 por ciento del presupuesto del programa de prevención de VIH-Sida.
La Ley de Financiamiento Universitario, sancionada tras la insistencia del Congreso pese al veto Presidencial previo, apunta a sostener del presupuesto universitario en todo el país, la actualización de los gastos de funcionamiento y la recomposición de los salarios del personal docente y no docente, que deberán ajustarse bimestralmente según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
El decreto detalla que, entre el 1° de mayo y el 31 de diciembre de 2024, la variación del IPC fue del 34,89 por ciento, lo que implica un costo adicional estimado de $123.358.213.085 para el ejercicio en curso y para el año 2025, el costo total estimado de la ley asciende a $1.069.644.600.000, mientras que para 2026 se proyecta en $2.008.377.852.000.
En materia salarial, la ley ordena que los sueldos del personal docente y no docente se actualicen en un porcentaje no inferior al IPC para el período comprendido entre diciembre de 2023 y la sanción de la ley.
La ley también establece la recomposición y actualización automática de los programas de becas estudiantiles, que deberán ajustarse según la variación del IPC desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley.
En ambos decretos, el Gobierno enfatiza que el Congreso de la Nación no especificó de manera fehaciente la fuente de financiamiento para las erogaciones que implican ambas leyes, incumpliendo lo dispuesto por la Ley N° 24.156, por lo que su ejecución queda suspendida hasta que se incluyan las partidas correspondientes en el Presupuesto Nacional.
En septiembre, el Gobierno había vetado el proyecto de ley de emergencia pediátrica, con el argumento de que “el Poder Legislativo Nacional pretendía impulsar una medida que, bajo la apariencia de defender una causa noble, genera un aumento desmedido e irresponsable del gasto público, poniendo en riesgo el equilibrio fiscal alcanzado con gran sacrificio por el conjunto de la sociedad”.
Además, señalaron que, en ausencia de recursos suficientes, la consecuencia inevitable sería “el deterioro del sistema que se dice proteger, la aceleración inflacionaria y el empobrecimiento de los mismos sectores que se proclama amparar” y pese a estos argumentos, el Congreso rechazó ambos vetos, por lo que el Ejecutivo decidió ahora postergar la aplicación de las legislaciones.
Nomyc-21-10-25
