El gobierno y los plaguicidas en Argentina

Virginia Aparicio es investigadora del Conicet en el INTA Balcarce y al ingresar al sitio oficial del Consejo, según se lee, su tema de investigación es: “Transporte vertical de plaguicidas en sistemas intensificados de producción de granos”.

Dicho de otra manera, hace décadas se concentra en analizar de qué manera los agroquímicos afectan a los ambientes y la vida humana, pero desde que asumió  el actual gobierno nacional, existe una persecución en su contra y ahora  denuncia que buscan exonerarla, es decir, desplazarla de la administración pública, “Quitarme mi identidad científica”, dice a un diario porteño.

“Me lo comunicaron de manera extraoficial. Con mi abogado agotaremos la vía administrativa para que se abra la puerta de la vía judicial”, continúa la investigadora que agrega. 

“Toda la vida hubo tensión en torno a los temas que investigo. Lo que quieren es generar miedo para que el resto de los investigadores se autocensuren; quieren que se dejen de investigar los temas verdaderamente importantes, los temas sensibles” agrega Aparico.

La investigadora estudia cómo los químicos aplicados al agro perjudican la flora, la fauna, la tierra y la salud humana y aunque siempre fue un tema espinoso que hizo ruido a los gobiernos de turno, en la medida en que la matriz productiva argentina se sustenta en los dólares que provienen del campo, durante los últimos días, la situación tomó otro cariz. 

De manera concreta, a Aparicio le informaron la intención de apartarla de la actividad científica por su participación en un proyecto internacional denominado “Sprint”, que en su momento generó orgullo para la ciencia del país.

En 2020, luego de que el gobierno de Macri convirtiera al sector científico y tecnológico en tierra arrasada, el trabajo de Aparicio fue incorporado en un consorcio internacional y el INTA recibió una partida considerable de euros. 

“Con el proyecto Sprint tuvimos la oportunidad de tener financiamiento de la Unión Europea en un momento en que el INTA estaba muy desfinanciado. Por este motivo, traer recursos de otros lugares del mundo fue muy importante y nos permitió analizar más de 200 plaguicidas” sostiene sobre el tema, aunque a nivel general, el proyecto se aprobó con 14 millones de euros y una parte se destinó al organismo argentino.

“Las imputaciones forman parte del secreto de sumario. No hay nada en claro que justifique el hecho de apartarme de la administración pública, pero pienso que hay una suerte de sucesos encadenados que permiten entender un poco” explica. 

“Pude saber que las autoridades del INTA creen que, de alguna manera, perjudiqué en lo económico al Estado nacional. Tengo las pruebas de que eso no ocurrió. La plata del proyecto ingresó a una cuenta de INTA y se siguieron todas las reglas administrativas” denuncia. 

La investigadora tuvo una auditoría favorable en Argentina y luego se rindió en Europa y pasó lo mismo y para colmo, “cuando el gobierno actual, en 2024, decidió que nos teníamos que bajar del proyecto, hubo que devolver la parte de los fondos que no fue utilizada” agrega.

Su investigación tiene como desafío la protección de los recursos naturales y según sostiene la investigadora “Si algo no le interesa a este gobierno es lo que suceda con la salud del ambiente, y mucho menos con la salud de las personas”.

El detonante: el proyecto Sprint se traduce como: “Transición Sostenible de Protección Vegetal: Un Enfoque de Salud Global” que comenzó a gestarse en 2018 y en septiembre de 2020 se inició de manera formal con el financiamiento de la Unión Europea. 

Un consorcio de institutos de investigación de 10 países europeos, junto con colegas en Argentina (INTA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), concentraron sus esfuerzos en evaluar el impacto de los plaguicidas.

Lo paradójico es que el mismo INTA que hoy quiere desplazarla, celebró en su momento de manera destacada el acuerdo a través de sus canales de comunicación realizó una cobertura del inicio y le dio seguimiento al proyecto, mediante artículos en los que se reivindicaba un “enfoque que apostaba a la salud global”. 

Sprint, se gestó para “desarrollar una caja de herramientas de evaluación de riesgos para la salud mundial con el objetivo de evaluar el impacto de los plaguicidas en la salud humana y los efectos adversos en plantas, animales y ecosistemas” y buscaba mejorar el uso sostenible de plaguicidas a través del diálogo entre la evidencia científica, los productores y los decisores de política pública.

En una primera instancia, Aparicio y su equipo, como los únicos representantes de Sudamérica, midieron la presencia de plaguicidas en muestras ambientales, vegetales, animales y humanas, para estudiar cómo, en baja cantidad y aplicados de manera prolongada, más de 200 plaguicidas podían tener efectos considerables.

En 2023, debía continuar con la siguiente etapa del proceso y reunirse con los productores para comentar lo que había encontrado, pero las autoridades del INTA le prohibieron ese encuentro y en 2024, el Instituto decidió ir un paso más allá y pidió abandonar el consorcio y luego, le iniciaron a la científica una investigación sumarial, por investigar el modo en que los agroquímicos podrían afectar la salud del ambiente y las poblaciones.

Aparicio amplía lo hecho por el Instituto “Ahora me quieren exonerar por un proyecto que en su momento fue aprobado por las autoridades, a través de la firma de un convenio”. 

“Cuando comenzamos a recolectar y procesar los primeros datos, desde el INTA comenzaron a visualizar el caudal de información generado y me pidieron suspender una reunión y luego salir del proyecto. Más tarde, me iniciaron una investigación sumaria” continúa.

Entre los principales resultados que reportaron en Argentina, la investigación logró documentar la existencia de mezclas de más 200 plaguicidas en suelo, en agua, en materia fecal, orina y sangre humana y animal. 

Los investigadores lograron evidenciar “la ruta del plaguicida”, es decir, comprobar cómo están distribuidos en el suelo local y apuntar a cómo están combinados, porque no se sabe cómo afectan al organismo cuando más de uno ingresa al mismo tiempo.

Sobre lo importante de su investigación, la investigadora del CONICET en el INTA      explica “Entre otras cosas, identificamos las principales muestras en la sangre humana y el posible efecto crónico que tiene en la salud”. 

“También se estableció una especie de ‘caja de herramientas’ para realizar mejores estudios toxicológicos. Confirmamos que los productores convencionales tienen mayores concentraciones de estos químicos en relación a los productores agroecológicos” continúa.

Carta de rechazo: ante la injusticia contra una investigadora del Conicet y del INTA que podría ser exonerada por el hecho de investigar algo que molesta a las autoridades gubernamentales, circula una breve carta en la que se reconocen sus aportes científicos y se invita a firmar “en defensa de la ciencia pública y de la libertad de investigar.

En el texto se lee: “Las organizaciones, instituciones y personas abajo firmantes expresamos nuestro acompañamiento a la Dra. Virginia Carolina Aparicio, investigadora del INTA e Investigadora Independiente del Conicet en Balcarce, y nuestra preocupación ante la decisión de avanzar con su exoneración de la Administración Pública Nacional”. 

“Virginia Aparicio cuenta con una extensa trayectoria científica en el estudio de suelos, agua, producción agropecuaria y plaguicidas, en proyectos nacionales e internacionales” continúa el texto.

Hacia el final, el documento refiere: “Defendemos una ciencia pública en la que sea posible investigar, producir conocimiento y comunicar sus resultados con libertad, responsabilidad y transparencia. Por ello, solicitamos a las autoridades del INTA que no hagan efectiva la exoneración de la Dra. Virginia Aparicio y que garanticen plenamente su derecho de defensa y el debido proceso”.

Según Scopus, la base bibliográfica que reúne y mide la producción de los científicos, Aparicio fue citada más de 3100 veces por colegas, publicó 91 papers y fue coautora en 270. 

Además, posee una productividad científica y un impacto considerable en la academia, de manera que la calidad de su trabajo no está en discusión y lo que las autoridades buscan atacar al querer apartarla es la libertad de investigación, uno de los pilares sobre los que se edifica la actividad científica en todo el mundo. Resultó curiosa la libertad que defiende el gobierno.

Nomyc-29-9-26